El Plan de Medidas Antifraude tiene como objetivo dar cumplimiento a las exigencias comunitarias que imponen a las entidades ejecutoras  de disponer de un "Plan de Medidas Antifraude" (en adelante, "PMA", o "el Plan") que  permita garantizar y declarar que,  en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción, la doble financiación y los conflictos de intereses. 

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