Sánchez Rubio anuncia que esta semana se firma el convenio de la cuarta convocatoria pública de selección de medicamentos y se aprobará el anteproyecto de ley de Juventud

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la Junta de Andalucía contará con un Plan de Investigación en Servicios Sociales para los próximos cuatro años. Durante la conferencia que ha pronunciado en el Foro Joly celebrado hoy en Granada, titulada ‘Políticas Públicas en Salud y Dependencia', Sánchez Rubio ha asegurado que, tras un análisis de la actividad investigadora actual, se ha detectado que se cuenta con un importante grupo de investigadores y que el objetivo es unificar criterios y aunar líneas estratégicas que aseguren la innovación y la mejora continua de los servicios sociales, junto al desarrollo profesional de todas las personas que trabajan en esta área.

El Plan, por tanto, permitirá favorecer la transferencia del conocimiento en este ámbito e irá de la mano de un impulso a la formación de los profesionales que trabajan en este sector, como ya se hace en el sistema sanitario público. Hoy mismo, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, se está celebrando la primera reunión del grupo de trabajo para la puesta en marcha de este Plan.

Asimismo, la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha avanzado que esta misma semana se cerrará la cuarta convocatoria pública de selección de medicamentos, con la firma de los convenios con los laboratorios adjudicatarios, al igual que está prevista la aprobación del anteproyecto de ley de Juventud.

"Las políticas públicas para garantizar el Estado del Bienestar no son un gasto, sino una inversión, y no me cabe duda de que la rentabilidad económica de éstas contribuirá a mayores tasas de actividad y generará riqueza para nuestra tierra", ha enfatizado Sánchez Rubio, a la vez que ha criticado que mientras que el Gobierno central desmantela los servicios sociales y sanitarios, Andalucía no sólo los mantiene, sino que además invierte en su futuro. Para Sánchez Rubio, por tanto, el compromiso de la Junta de Andalucía sigue siendo la extensión de los derechos, como resultado del desarrollo de unas políticas públicas eficaces y adecuadas, y el impulso de medidas que fortalezcan el principio igualdad de oportunidades.

Dos decisiones del Gobierno de España han sido determinantes en el deterioro del Estado del Bienestar, según Sánchez Rubio, como son la aprobación de los Reales Decretos de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Con las medidas contempladas en ambos, se ha demostrado dos años después que no han generado ahorro ni ingresos, sino un aumento de de las desigualdades y situaciones de exclusión social.

"La Junta de Andalucía lleva mucho camino recorrido en la implantación de medidas de sostenibilidad sin impacto sobre el bolsillo de la ciudadanía", ha explicado, como son las centrales de compra a nivel regional (con un ahorro de 100 millones al año) o la subasta de medicamentos (con una previsión de 200 millones de ahorro anuales), con numerosos obstáculos judiciales por parte del Gobierno de España y la industria farmacéutica.

Para la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Andalucía está haciendo un esfuerzo titánico por mantener los principios de su Sistema Sanitario Público y no sólo no se cierran centros sanitarios desde que comenzó la crisis, sino que tampoco se ha privatizado la gestión de ninguno. Es más, en Andalucía se han abierto 140 centros de salud en los últimos años.

Para Sánchez Rubio, es muy importante el esfuerzo y el compromiso de las más de 100.000 personas que trabajan en los servicios públicos de su competencia, "que son el rostro del sistema social andaluz y de la sanidad pública, en los que la gente confía". Un esfuerzo, concretamente el de los trabajadores sanitarios, que se está desarrollando en condiciones particularmente duras, derivadas de la ampliación de jornada y la tasa de reposición impuestas por el gobierno central, pero que en breve podrán compensarse desde la Junta, con la recuperación de la jornada al 100% para los eventuales y la mayor oferta de empleo público del país, con más de 1.400 plazas.

Reflejo de la apuesta por la sanidad pública, es también el impulso a la investigación biomédica, situando a Andalucía en tercera posición a nivel nacional en I+i en este ámbito. El Servicio Andaluz de Salud es el único servicio de salud que se encuentra en el ‘top ten' en solicitudes de modelos de utilidad en España en todas las áreas de conocimiento. Además, el último informe de la Asociación Española de Bioempresas sitúa a Andalucía, junto a Cataluña, como las regiones más bioemprendedoras.

Esto es así gracias a las importantes alianzas para la I+i entre el Sistema Sanitario Público, el mundo académico y el mundo empresarial, que han permitido generar importante riqueza para la región no sólo en términos de salud, sino también en términos económicos. Andalucía cuenta con la red más amplia de recursos al servicio de la generación de conocimiento.

En todo este avance ha sido clave la puesta en marcha de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas. Andalucía fue pionera en regular la investigación con preembriones humanos y en reprogramación celular y en la actualidad se han emprendido 25 ensayos clínicos para el tratamiento de enfermedades raras y de alta complejidad. La grandeza de estos ensayos clínicos, según la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales es que se realizan en centros sanitarios públicos y, por tanto, su traslado a la práctica clínica garantiza el acceso a estas terapias para toda la población, en igualdad de oportunidades.

Atención a las personas más vulnerables

En su defensa de las políticas sociales, Sánchez Rubio ha denunciado que ante la derogación encubierta de la Ley de Atención a la Dependencia, Andalucía sigue siendo líder en número de personas atendidas y en prestaciones concedidas y que este derecho es una prioridad para Andalucía, en cuanto se protegen los derechos de las personas más vulnerables. Pero además se trata de un sector que crea empleo de calidad, con un marcado carácter social, que tiene futuro y beneficia especialmente a los jóvenes y las mujeres, generándose un retorno económico de hasta el 40% y 30 empleos directos por cada millón invertido, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Sánchez Rubio ha recordado el compromiso adquirido por el Gobierno andaluz con las organizaciones integrantes de la mesa del Tercer Sector, con un calendario de pagos que sitúa el plazo de pagos en una media de 60 días y ninguno supere los 90.

Otro ejemplo de la distancia que se marca entre la Administración autonómica y la estatal es el Decreto de Inclusión aprobado en abril 2014, un conjunto de medidas de carácter extraordinario y urgente que ha puesto en marcha el Gobierno de Andalucía con el objetivo de luchar de forma eficaz contra la exclusión social y también de promover la integración laboral. En total, se estima que estas medidas han alcanzado a 160.000 personas con escasos recursos económicos al año, especialmente los colectivos más vulnerables, como son niños y mayores.

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Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Política sociales